LOS MUERTOS QUE NADIE RECLAMA

LOS MUERTOS QUE NADIE RECLAMA

Por Zuleika Cáceres


Llega el Día Muertos y muchas familias aprovechan para visitar a sus difuntos en el panteón, en la iglesia donde resguardan sus cenizas o mediante un altar, la tradición que en nuestro país se convierte en una fiesta para honrar a quienes se nos han adelantado.

Pero no todas las familias tienen esa certeza, la de saber donde descansan los restos de sus seres queridos. Para otros, la realidad es distinta en un país donde la violencia arroja miles de cuerpos a la morgue y que a la fecha siguen sin ser reclamados.

Entre desaparecidos, descuartizados, ejecutados, baleados y embolsados, México enfrenta a un grave problema: la saturación de cadaveres en los Servicios Médicos Forenses (SEMEFO).

Q. Roo no es la excepción. Este año  la Fiscalía General del Estado daba cuenta de que el 82.33% de los cuerpos seguían sin ser reclamados, es decir 219 cadáveres continuaban en la morgue aunque a la fecha esa cifra seguramente ya fue rebasada.

Todos esos cuerpos se irán a la fosa común después de un determinado tiempo.

En junio pasado, la FGE informó que se avanza en la consolidación del proyecto de edificación del panteón forense que además contará con un Centro de Antropología Forense para el Resguardo de Restos Óseos (CAFRRO).

Se indicó que la finalidad del panteón forense, es albergar de manera provisional los restos mortales de quienes fallecieron y que por alguna razón, no han sido identificados, en la espera de que en un periodo no muy lejano, puedan ser entregados a sus familiares.

El proyecto integral cumplirá con las normas ambientales y de uso de suelo, consiste en la construcción de una estructura con material y diseño específicos.

Además, con los lineamientos establecidos en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, con la intención de dar certeza jurídica a familiares de víctimas del delito de homicidio.

El panorama nacional nos muestra que los servicios forenses de los estados es altamente complejo. No hay recursos suficientes ni instalaciones adecuadas para mantener la gran cantidad de cuerpos que esperan ser reclamados.

Aquel trailer con 273 cadáveres que fue extraído de la morgue jalisciense para deambular por Guadalajara, fue noticia nacional y retrató el grave problema que presentan los servicios forenses.

La violencia que azota a los estados del país derivado de los enfrentamientos de lgrupos delictivos y carteles de la droga, ha propiciado una sobrecarga laboral de espacios y condiciones para hacer frente al tratamiento de miles de cuerpos que nadie reclama.

De acuerdo con registros nacionales, Guerrero, Morelos, Veracruz, Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Michoacán o Quintana Roo, por mencionar algunas, alcanzaron niveles de violencia que la autoridad no dimensionaba y eso ha generado una crisis en el tratamiento de cuerpos que se acumulan día a día.

Mientras los homicidios siguen alcanzando nuevos máximos históricos, el mandato del Código Nacional de Procedimientos Penales que obliga desde 2016 a conservar los cadáveres vinculados con indagatorias en curso, los servicios forenses continuarán resguardando los cadaveres y el problema irá en aumento.

De acuerdo con datos del INEGI publicados por Reporte Índigo,  los gobiernos de los estados tienen apenas 8 mil 945 miembros en sus servicios periciales y los rezagos en materia forense que enfrenta el país no es algo nuevo.

Las instancias forenses estatales recibieron 2 millones 949 mil 574 solicitudes de peritajes en 2018 tanto de juzgados, Ministerios Públicos y otros entes, teniendo en cuatro especialidades el mayor número: Forense, con 997 mil 941; Criminalística, con 474 mil 469; Valuación de bienes o servicios, con 251 mil 448; e Identificación de individuos, traducción, interpretación y procesos de la comunicación, con 208 mil 051.

Las instancias forenses de los Estados reportaron la conclusión de 2 millones 758 mil 609 de peritajes y un rezago de otros 325 mil 778.

Desde el 2015 la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió recomendaciones para atender la situación, las cuales han sido ignoradas por el Estado mexicano.

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